Los derechos son fundamentales

Así es y así debe ser. Todo el mundo tiene derechos. Todos tenemos derechos y, en consecuencia, deberes. No se puede ir por la vida haciendo gala de tener derecho a todo sin contar con lo que tenemos que aportar a cambio. Es decir, no todo está permitido. Si bien tenemos derechos, debemos ser conscientes y consecuentes con ellos, evitando que los que nos rodean pierdan los suyos.

Con independencia de los deberes particulares y la responsabilidad particular de cada ciudadano, uno de los conceptos clave de la Constitución Española es precisamente el que alude a los derechos fundamentales. Concepto al que todos aludimos, pero cuyo significado real y exacto desconocemos en la mayoría de los casos. Por lo que vamos a adentrarnos en estos derechos para que, cuando los mencionemos, sepamos de lo que hablamos con más precisión y claridad.

En pocas palabras, cuando se habla de derechos fundamentales, se habla de libertades y garantías reconocidas por la Constitución. Su titularidad y ejercicio dependen de cada derecho y del marco constitucional y legal aplicable, también en lo relativo a las personas extranjeras. Los poderes públicos deben respetarlos y protegerlos; sus límites deben tener fundamento constitucional y respetar su contenido esencial.

Estos derechos se encuentran recogidos en el Título I de la Constitución y abarcan cuestiones de lo más diverso, como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la protección de la intimidad, el acceso a la educación o la participación política. El texto garantiza, entre otros aspectos, el derecho a la vida y a la integridad física y moral en el artículo 15, la libertad ideológica y religiosa en el 16 o que nadie pueda ser privado de su libertad fuera de los casos y la forma previstos en la ley, conforme al artículo 17. Siendo uno de los más importantes el de la tutela judicial efectiva (art. 24).

Núcleo esencial de la Constitución

Los derechos fundamentales forman parte del núcleo esencial de la Constitución Española. El despacho EJASO incluye los derechos fundamentales y el Derecho de la Unión Europea entre sus ámbitos de trabajo. Estos derechos representan los límites que tiene el poder del Estado, garantizando la libertad y la dignidad de las personas. No se trata de unas simples declaraciones teóricas, ya que presentan eficacia directa y vinculan a los poderes públicos, además de poder ser invocadas ante los tribunales.

Conocer y comprender el alcance y los mecanismos de protección que ofrece la Constitución es tan fundamental como los derechos en sí, tanto para los profesionales del Derecho como para los ciudadanos que quieran saber cómo defender sus derechos en la práctica.

En este aspecto, es clave conocer el artículo 10, ya que declara que: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” Lo que quiere decir es que la dignidad humana es el principio por el que se rige todo el ordenamiento jurídico de nuestro país.

De manera que podemos decir que los derechos fundamentales son los derechos inherentes a toda persona que el Estado reconoce y garantiza con la máxima protección jurídica. Están regulados principalmente en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española de 1978, con la extensión del recurso de amparo a la objeción de conciencia del artículo 30.2.

Estos artículos tienen un doble carácter. Uno de ellos, el sustantivo, reconoce las libertades y facultades esenciales de la persona, mientras que el otro, denominado garantista, establece los mecanismos específicos para la defensa ante los tribunales. En la misma Constitución, se encuentran por encima de cualquier otra norma o poder y se exige que toda actuación de carácter público respete su contenido fundamental.

Aunque la Constitución dedica su Título I a los “Derechos y deberes fundamentales”, no todos los derechos tienen el mismo nivel de protección, por lo que es indispensable saber diferenciar entre los derechos fundamentales, los derechos y libertades públicas y los principios rectores.

La sección de derechos fundamentales y libertades públicas comprende los artículos 15 a 29. Su protección reforzada mediante el recurso de amparo alcanza también al artículo 14 y a la objeción de conciencia del artículo 30.2. Como ejemplo tenemos el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad ideológica y la tutela judicial efectiva.

El derecho a la igualdad es el artículo 14 y supone el derecho autónomo con protección reforzada. Es decir, igualdad ante la ley, prohibición de discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición.

Pasamos a los derechos y deberes de los ciudadanos estipulados en los artículos 30 a 38 de la CE, en relación con la protección ordinaria mediante el recurso judicial común. Incluyen el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. El derecho a la educación figura en el artículo 27, dentro de la sección de derechos fundamentales y libertades públicas.

Sobre los principios rectores de la política social y económica, tenemos los artículos 39 a 52 de la Constitución y informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Su invocación ante los tribunales ordinarios se ajusta a las leyes que los desarrollen. Proporcionan derecho a la vivienda, protección de la familia, seguridad social y medio ambiente.

Cabe señalar que no todos los derechos constitucionales se pueden reclamar mediante el recurso de amparo; tan solo puede hacerse con los que se consideran fundamentales.

Los derechos más relevantes

Dentro de los derechos constitucionales, vamos a destacar los derechos fundamentales que presentan mayor proyección dentro de la vida cotidiana y la práctica jurídica.

El primero de ellos no puede ser otro que el derecho a la vida y a la integridad física y moral, artículo 15 de nuestra Constitución. Este artículo protege la existencia, la dignidad y la integridad personal. De este derecho derivan los debates que se producen en torno a la eutanasia, el aborto o los malos tratos.

La libertad ideológica, religiosa y de culto, en el artículo 16, garantiza que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias y que sus convicciones personales no supongan discriminación.

El derecho a la libertad y la seguridad se contempla en el artículo 17, incluyendo la protección ante las detenciones arbitrarias, y establece el principio de “habeas corpus” para revisar la legalidad de las privaciones de libertad.

Los españoles tenemos derecho a la libertad de expresión e información que establece el artículo 20, siendo un pilar básico de la democracia, protegiendo la emisión de opiniones y la difusión de la información veraz. Su ejercicio tiene que encontrarse en equilibrio con derechos como el honor o la intimidad.

Existe también el derecho de reunión y manifestación, contemplado en el artículo 21, que reconoce la reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones requieren comunicación previa; solo pueden prohibirse por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

Tenemos también derecho a una tutela judicial efectiva, como reza el artículo 24. Uno de los derechos más invocados en la práctica y que garantiza que toda persona pueda acudir a los tribunales, obtener una resolución motivada y que se ejecute. Es la puerta de entrada a la protección judicial del resto de derechos.

Por último, citaremos el derecho a la intimidad, al honor y a la protección de los datos, en el artículo 18. Este artículo adquiere una especial relevancia en la actual era digital en la que nos encontramos. Abarca desde la inviolabilidad del domicilio hasta la protección frente al tratamiento indebido de los datos personales.

La Constitución Española no se limita a reconocer esos derechos, ya que establece unos instrumentos efectivos para defenderlos. Los principales son la tutela judicial preferente y sumaria, el recurso de amparo constitucional, el recurso de inconstitucionalidad y el defensor del pueblo.

A la hora de ejercer y proteger estos derechos en la práctica, hay que identificar el derecho que ha sido vulnerado y saber si se trata de un derecho fundamental o de otro tipo de derecho constitucional. Recurrir al tribunal competente, mediante el que, en la mayoría de los casos, se inicia un procedimiento ordinario o de tutela de derechos fundamentales ante el juzgado o tribunal correspondiente.

Se solicitan medidas cautelares cuando la vulneración de los derechos puede ocasionar perjuicios irreparables, pudiendo pedirse la suspensión del acto impugnado. Para los recursos de amparo contra actuaciones administrativas o judiciales, deben agotarse previamente los recursos judiciales procedentes e invocarse la vulneración tan pronto como sea posible. También se debe justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.

El plazo del recurso de amparo depende del origen de la vulneración: no existe un plazo único de treinta días para todos los supuestos. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece distintos plazos y requisitos, que deben comprobarse para el caso concreto. Una eventual demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene sus propias condiciones de admisibilidad, entre ellas el agotamiento de los recursos internos efectivos y la alegación de una vulneración del Convenio; no es una consecuencia automática de la denegación del amparo.

De todo esto, podemos concluir que se entiende por derechos fundamentales de la Constitución Española aquellos derechos que son inherentes a las personas y que la Constitución reconoce con la protección jurídica máxima y se encuentran regulados en los artículos 14 a 29 de la CE. Son exigibles ante los tribunales y cuentan con protección reforzada. Conocerlos es tanto un derecho como un deber, sobre todo si quieres saber si han dejado de cumplirse.

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